El Instituto Cántabro de Servicios Sociales (Icass) contará el año que viene con un presupuesto de 271 millones de euros, dinero suficiente para desarrollar todos los programas comprometidos por el Gobierno regional y, evidentemente, también para cumplir su obligación de velar por la protección de los menores que, de manera temporal, no pueden permanecer con sus familias y cuya tutela depende de la comunidad autónoma. El problema no es de dinero ni de medios materiales. Para la Administración sería relativamente fácil crear un recurso residencial para esos niños que, por motivos muy diferentes –la retirada de la custodia la puede decretar el juez o directamente los servicios sociales por la vía administravia–, pasan por una situación de este tipo. Pero el objetivo es otro: no solo que tengan un techo, sino darles un hogar hasta que las circunstancias sean propicias para iniciar su reunificación familiar o que el menor sea dado definitivamente en adopción.

«El Código Civil contempla la figura del acogimiento familiar como una forma de guarda en la que el menor se integra plenamente en la vida de la familia. Como si fuera un hijo más porque a la familia se le impone el deber de velar por él, acompañarlo, alimentarlo, educarlo y procurarle una formación integral en un entorno afectivo. O sea, es una integración integral en la familia», explica Carmen Arce, subdirectora general de Infancia, Adolescencia y Familia del Gobierno de Cantabria. No hace falta ser experto para entender que los beneficios respecto al modelo de residencias –o de los antiguos orfanatos– son sustanciales. Lo saben en el Icass, donde desarrollan este programa de acogimiento familiar desde 2002 y celebran como un éxito que desde hace mucho tiempo no hay ningún menor de seis años en centros de acogida –se ponen directamente al cuidado de familias– y muy pocos de menos de diez. Lo que ocurre es que para que haya acogimiento familiar tiene que haber, obligatoriamente, familias voluntarias dispuestas a acoger.

Familias como las 33 que a día de hoy figuran en la bolsa del Icass para dar cobijo a 37 menores acogidos (a 1 de noviembre). Aunque algunos de los expedientes corresponden a hermanos, los números evidencian que no son suficientes. Y la subdirectora de Infancia lo confirma:«Estamos bajo mínimos. La bolsa está casi vacía de familias disponibles y por eso es urgente hacer incorporaciones». En lo que va de año se ha alcanzado la cifra récord de 53 acogimientos –algunos ya finalizados–, siete más que en todo 2022, lo que deja claro que la demanda va en aumento. Por eso el Icass hace este llamamiento público que en las próximas semanas se convertirá en una campaña institucional. «Si conseguimos incorporar al menos a diez hogares ya sería una buenísima noticia. Diez nuevos ángeles, que es como les llamamos aquí», apunta Arce.

Hay necesidad de familias para el acogimiento urgente (la estancia máxima es de seis meses y a la vez que se atiende al niño se analiza cuál es el mejor recurso para él a futuro), pero sobre todo para el acogimiento temporal, de un máximo de dos años. A partir de ese momento, si los padres del menor aún no están listos para hacerse cargo de él, la acogida puede convertirse en permanente, pero también es posible que la familia de acogida tenga que despedirse definitivamente del niño.

«Lo que tiene que tener claro la familia es que pueden darse los dos escenarios. Eso tiene que quedar claro por los lazos emocionales tan fuertes que se van a crear. Tiene que tener superclaro también el papel de la familia biológica –muchas veces durante el periodo de la acogida se producen contactos– y respetar ese origen del niño y su historia. La familia también tiene que tener clara la temporalidad de la situación y que esto no es lo mismo que una adopción, que la figura de la acogida cumple una función muy distinta», subrayan desde el Icass. Porque esa función, teóricamente, es que los menores disfruten de una convivencia reparadora del daño sufrido mientras su familia de origen realiza los cambios necesarios para poder ejercer su cuidado.

De hecho uno de los requisitos para entrar a formar parte de la bolsa de familias de acogida es que estas no estén en listas de adopción. Ambas cosas son incompatibles. Además, es necesario estar empadronado en Cantabria, tener una economía normalizada y no tener causas penales. Da igual si en la familia de acogida hay hijos o no, la edad de las personas que acojan –mientras no tengan enfermedades que les impida realizar esta función solidaria– o el modelo de familia. Todos los anteriores no son criterios excluyentes, aunque sí se analizarán a la hora de determinar qué menor encaja mejor con cada uno de los potenciales hogares.

Aunque la ley establece que la acogida familiar es válida para cualquier menor de edad, la práctica confirma que es especialmente efectiva para niños entre cero y diez años. Esos son los perfiles que entran en este programa en Cantabria. A partir de esa edad se hace cada vez más difícil «acoplar» a los usuarios con las familias de acogida y, en esos casos, sí suelen derivarse a recursos residenciales donde pueden entrar a formar parte de programas de reeducación –si es necesario por las circunstancias del menor– más específicos.

El Icass pondrá en marcha a partir de enero una campaña para dar a conocer el programa de acogida de menores y buscar nuevas familias. Lo hará con cartelería, cuñas y anuncios en medios de comunicación y también en redes sociales. Una campaña similar a la que ya se hizo en 2017 y que permitió entonces incrementar el número de hogares disponibles.

El acogimiento está asociado a una prestación. Un apoyo económico para que nadie que quiera recibir en su hogar a menores con esta situación de necesidad renuncia a hacerlo porque le vaya a suponer un perjuicio al bolsillo. «Evidentemente, nadie lo va a hacer por esta prestación, pero lo que se busca es que el dinero no sea un desincentivo para los que sí quieren colaborar», detalla la responsable de Infancia.